Proyecto de Ley Federal de Participación Ciudadana 

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¡Todo con la gente¡ 

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Ley de procedimientos para la organización, participación e intervención de la sociedad civil en los grandes problemas nacionales y regionales de México,

 

Se expone la versión preliminar de la iniciativa “Ley de procedimientos para la organización, participación e intervención de la sociedad civil en los grandes problemas nacionales y regionales de México”; tiene el propósito de convertir a la sociedad civil organizada y no organizada -o por organizar-, en el actor central para encarar la injusticia, carencias e inequidades que lesionan a la sociedad mexicana, pero, también, en actor central para desplegar las potencialidades culturales, productivas, sociales, ambientales e institucionales que México posee o puede crear; la Ley funcionará mediante procesos de centralización y descentralización, según el tipo de problemática a atender y encauzar; permitirá modificar, progresivamente, las relaciones verticales y autoritarias que el gobierno ejerce sobre la sociedad, para  transformarlas en relaciones dialógicas, de negociación y concertación entre estado y  sociedad, con el objeto de abordar, en gobernanza, la transformación que México necesita; la Ley es, pues, el instrumento legal, institucional y social que permitirá encarar, de manera asertiva, el cambio de época al que estamos convocados, después del fracaso de la economía neoliberal, el desmantelamiento del estado de bienestar y el agobio que la inseguridad y la violencia ejercen en la actualidad sobre individuos y comunidades; la Ley, y su concreción en instituciones y en (nuevas) prácticas duraderas, permitirá encarar los problemas y demandas que provocan desigualdad, inequidad, pobreza y ciudadanías limitadas,  pero, también, alentar las iniciativas, capacidades y proyectos que permitan  desplegar las  potencialidades que tenemos para mejorar el bienestar de la población, generar desarrollos productivos y dar sustentabilidad a las regiones de México.

 

1. Objetivos de la Ley. Los propósitos de la presente Ley son:

 

• La construcción de un Estado democrático y de derechos, funcionando de forma pluralista y en posibilidad de aceptar y promover el diálogo, la negociación y la concertación con la sociedad, estableciendo procesos orientados a cambiar el autoritarismo y el clientelismo a que se ven reducidas las comunidades y personas en la actualidad, en ciudadanías y autonomías territoriales, en un entramado de gobernanza institucional

• promover la creación de un estado de bienestar, que esté obligado a satisfacer condiciones de vida digna para la población, otorgando un ingreso básico de tipo universal, así como mayor cobertura y calidad en los servicios de educación, salud, vivienda y seguridad social

• una política económica orientada al crecimiento con empleos e ingreso dignos, que regule y sancione los excesos del mercado, que priorice el crecimiento del mercado interno, la disminución radical de la desigualdad y la pobreza, y aliente iniciativas cooperativas y comunitarias que, con inversión privada, social y pública, permitan el despliegue de nuevas opciones productivas, y una relación eficiente entre política económica y política social.

• un estado que brinde seguridad a la población, y sea capaz de combatir la delincuencia y la violencia a través de instituciones que erradiquen la impunidad e impartan justicia en el marco de un real Estado de Derecho, combinando, de forma adecuada, la cultura de la prevención, la asociación eficiente entre comunidades vigilantes y los cuerpos de seguridad, con una acción plenamente legal por parte de los cuerpos de seguridad,

• Inducir y regular un estilo de desarrollo sustentable, que cuide el medio ambiente y proteja los diversos nichos ecológicos que se encuentran en el territorio nacional

 

Contenido de la Ley

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1. Antecedentes:

(aquí deben exponerse las experiencias de organización y participación social -fallidas y exitosas- a nivel nacional e internacional, en todos los campos que tienen que ver con los derechos humanos y la incidencia en políticas públicas, espacios de representación y acción política, así como demandas y movimientos sociales que exigen el cumplimiento de derechos y acciones restitutivas

 

1. Justificación

1. participación social en México

Desde el año 2000, con la 1ª alternancia mexicana, se inició la creación de leyes, reglamentos e instituciones que tenían como propósito fomentar la participación de la sociedad en la evaluación y sanción de figuras de gobierno, así como en la opinión sobre la calidad de algunas políticas públicas. Los avances obtenidos se pueden ubicar en cuatro áreas principales:

 

1. La Secretaria de Gobernación, cuenta hoy con una Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, cuyas funciones son: fomentar el desarrollo político de la población, fortalecer las instituciones democráticas, promover la participación ciudadana, así como la cultura que permita reducir la violencia y la delincuencia.

 

Sabemos bien que los programas destinados a la prevención fueron avasallados por la ola de delincuencia y violencia que se desencadenó durante los sexenios que van de 2006 a 2018, por lo cual podemos  hablar de una política fallida en prevención y muy limitada en lo que corresponde al desarrollo de una nueva cultura cívica.

1. Desde el poder Legislativo y la SEDESOL nació la iniciativa de impulsar la Ley de Desarrollo social, la cual fue discutida y aprobada en 2003. Entre los propósitos de la ley se encontraba disminuir o erradicar la pobreza, blindar la política social y fomentar la creación de ciudadanía entre los beneficiarios de los programas sociales de México. En 2006 se realizó un estudio para evaluar dichos objetivos, encontrándose que la política social estaba orientada al control de los beneficiaros y la compra de votos, que los promotores y líderes que gestionaban los recursos se dedicaban, principalmente, a la creación de clientelas políticas, y que los programas no estaban incidiendo en la construcción de ciudadanos, sino en personas dependientes y sin cultura de derechos sociales. Ante eso, encontramos una política fallida, tanto en su propósito social, ya que los recursos otorgados a las familias funcionan solamente como  paliativo económico y  no permiten sacar a las personas de su condición de pobreza, como en su propósito político, pues han permitido la creación de clientelas para servir al gobierno en turno, pero nunca para crear ciudadanos capaces de tener libertad y decisión política propia.

2. En los estados (Azucena Serrano Rodríguez, “La participación ciudadana en México”, Revista Scielo, enero abril 2015), sabemos que la participación social es un tema medianamente aceptado por los gobiernos de las entidades federativas. En la mitad de los estados existen leyes e instrumentos legales para la evaluación y destitución de autoridades o las políticas que ahí se impulsan, tales como el plebiscito, referéndum, revocación de mandato o la iniciativa popular; en muy pocos estados se cuentas con instancias para participar en presupuestos participativos, iniciativa ciudadana o para hacer exigible la rendición de cuentas. Tenemos, así, algunos instrumentos formales, que casi nunca o nuca se aplican, o algunos que se aplican, como la audiencia pública, y sirven solamente para el lucimiento de los gobernantes. El balance es desalentador, ya que la organización e incidencia ciudadana en la evaluación y remoción de mandato, o en el diseño y ejecución de políticas públicas, son solamente recursos retóricos, que esperan de una voluntad política -y social- que los haga efectivos.

3. La creación del IFAI y de la Ley federal de Acceso a la información son, tal vez, los únicos recursos medianamente funcional; sus principales usuarios son los profesionales de la comunicación, que han logrado, a pesar de candados, reticencias y opacidades, obtener información que nos ha permitido conocer la forma en que opera la clase gobernante de México. La información sobre los desfalcos públicos y los contubernios que se efectúan entre funcionaros y empresarios (de adentro y afuera del país), han permitido que la sociedad tenga una idea aproximada de la forma en que saquea el presupuesto público, y haya puesto como prioridad política el combate a la corrupción. La próxima elección y el escrutinio sobre la clase gobernante estarán definidos, en buena medida, por la información que hoy puede conocer la sociedad mexicana.   

 

1. Creación y sentido de la Ley

Hemos visto que la participación social en la generación de demandas, de iniciativas populares y de evaluación y sanción a los gobernantes deshonestos se encuentra todavía en el marco de acción de un sistema político creado para beneficiar a unos cuantos y despojar al pueblo de buena parte de los recursos que deberían servirlo. Para cambiar esa situación, debe existir la voluntad política y social que permita crear nuevas leyes, instituciones y procedimientos capaces de redistribuir el poder y transformar al estado mexicano.

La Ley que se propone, tiene el propósito de emprender ese camino, creando instrumentos e incentivos poderos y eficientes para:

Empoderar a la sociedad civil, dando voz y capacidad de acción e injerencia  administrativa y política a la población que se encuentran sin ninguna organización que la respalde y mediante la cual tenga confianza para actuar, o apoyando y consolidando a organizaciones civiles que ya existen en México.

Que se atiendan los principales problemas y se encaucen las potencialidades productivas y territoriales del país, así como los problemas y potencialidades específicos que tiene cada región, estado y municipio del país.

No hacer un ejercicio burocrático sino un ejercicio de reconocimiento de los problemas y demandas que emerjan como los grandes problemas nacionales, así como los específicos que recorren la geografía y la diversidad cultural, económica, social y ambiental de México.

Dar protagonismo a la sociedad, creando las instituciones, condiciones y procedimientos necesarios para que la sociedad se exprese, se organice y se involucre en la solución de problemas y necesidades, en el despliegue de proyectos productivos y territoriales, así como en la transformación de instituciones y de políticas públicas, las cuales tendrán que adoptar procesos de reorganización y desburocratización, incorporando en su quehacer y sus propósitos centrales, a los principales sujetos de cada  contexto (nacional, regional, estatal o municipal).

Tomar en consideración no solamente a la sociedad organizada, sino también, y de manera primordial, a la sociedad no organizada, que se siente ajena a los procesos de toma de decisiones en el país (84% de la población en México se siente poco o nada interesada en participar en los problemas de su comunidad y siente desconfianza hacia las autoridades)

Permitir la intervención de la sociedad civil en todos los asuntos que le afecten o que considere necesario de ser atendidos para mejorar sus condiciones de vida, para ampliar sus derechos sociales y políticos, así como mejorar el funcionamiento de instituciones, organizaciones y políticas destinadas a resolver problemas que afectan a la población en el ámbito social, económico, estadual, territorial y ambiental y/o situaciones que provienen de relaciones sociales desiguales e inequitativas.

Armonizar toda la legislación existente en materia económica, social, política y ambiental, con el fin de dar preponderancia a la satisfacción de derechos, necesidades e iniciativas constructivas y enriquecedoras de la sociedad

Establecer diversas formas de relación y actuación, vinculante y no vinculante, entre el estado y sus instituciones, las empresas, los grupos sociales, sus intereses (exclusivos, restringidos, amplios o universales), y el tipo y consecuencias diversas formas de vida, de accionar, y de relaciones sociales aceptadas y aceptables en contextos determinados.

Poner un conjunto de disposiciones e instrumentos jurídicos y operativos, que permitan crear condiciones y procesos que faciliten la organización, participación e intervención de la sociedad en todos los asuntos que les parezcan de interés por ser materia de afectación o defensa de derechos, aceptación, promoción y legislación por ser materia de un desarrollo sustentable y equilibrado en ámbitos de tipo social, económico, político y ambiental.   

 

1. Son obligaciones del Estado

 

Reconocer y garantizar los derechos sociales establecidos en esta Ley. así como nuevos derechos que se vayan instituyendo con la ampliación de la democracia, la organización institucional abierta a la sociedad, las políticas públicas construidas, convenidas y reconvertidas con las organizaciones de la sociedad civil, y el (nuevo) sector de economía popular, construido con el patrimonio de las comunidades y de las ciudades y pueblos de México

 

Los derechos que reconoce y defiende la Ley pueden ser de tipo individual, colectivo o mixtos, y será obligación del gobierno armonizarlos para buscar la solución de conflictos buscando siempre el bien común

 

Con la aprobación de la Ley se dará paso a las leyes secundarias y reglamentos de ella se deriven, así como crear las instituciones que permitan avanzar en los procesos de organización, participación e intervención social en la economía, los territorios, la dinámica social, la política y la sostenibilidad del medio ambiente del país

 

Participar en la creación de organizaciones sociales que tengan como propósito la solución de problemas y necesidades de la población, la creación de empresas sociales y colectivas, el diseño, implementación o reorientación de políticas públicas, el ordenamiento de territorios y bienes comunes, así como el aprovechamiento sustentable de recursos naturales, y todos los asuntos que conduzcan al mejoramiento del bienestar de la población y su constitución  como sujetos políticos, capaces de orientar el desarrollo y el devenir de la nación o sus estados y regiones.

 

Facilitar y reconocer personalidad jurídica y política a las organizaciones, así como su conversión en entidades de interés público

 

Informar y legislar sobre formas y mecanismos de organización y participación social

 

Informar y legislar sobre formas y mecanismos de intervención social

 

Coadyuvar a organizaciones sociales para intervenir en el diseño, aplicación, seguimiento, evaluación y, si es el caso, la reorientación de las políticas públicas que sean de interés de las organizaciones civiles. las comunidades, las ciudades y los pueblos de México.

 

Dar, en todos los campos mencionados, atención preferente a la población indígena de México, por ser la más desfavorecida en el contexto nacional.

 

1. Organización y estrategia (elementos de discusión)

 

1. Acciones básicas

Respeto al Estado pluralista de derecho, con lo cual se atenderá la diversidad cultural y jurídica que existe en el país.

 

Fomentar el empoderamiento de la sociedad civil, a través de la creación o fortalecimiento de organizaciones con presencia a nivel nacional, regional, estatal, de ciudades, zonas conurbadas o metropolitanas, de regiones internas, y al nivel municipal, comunitario o barrial, etc.

 

Disponer de un diagnóstico nacional sobre los problemas de empleo, desigualdad, pobreza e inseguridad que existen a nivel nacional, para avocarse a atender, con el concurso de la sociedad civil, dichos problemas -o desafíos- del México actual.

 

Reconocer la diversidad cultural, geográfica y étnica del país; conocer, mediante diagnósticos profesionales y participativos las características territoriales y las expectativas sociales de las diferentes zonas del país, con el fin de atender, de manera prioritaria, los problemas y necesidades de cada sociedad, y poder detonar las potencialidades de desarrollo en cada lugar.

 

Proveer capacitación, asesoría y reconocimiento jurídico a las organizaciones sociales que se encuentre en el marco jurídico y propósitos de esta Ley, coadyuvar a que se establezcan y tengan la debida atención, interlocución y acogida, como sujetos de derecho público, en el ámbito jurisdiccional de las instituciones, dependencias u organizaciones con las que deberán interactuar para lograr sus propósitos.

 

Transitar hacia un estado de Gobernanza, constituyendo un marco de relaciones que conduzcan al diálogo, mediante la horizontalidad y equidad de trato entre actores, organizaciones e instituciones, en la búsqueda de resultados fundados en los valores de equidad, solidaridad y justicia social

 

1. Organización

 

Discutir y aprobar los instrumentos básicos de la institución promotora y organizadora: Ley general, reglamentos y manuales de procedimiento.

 

Discutir y aprobar su ubicación institucional. Establecerla como oficina de nueva creación, con autonomía operativa y presupuestal, o como oficina relacionada directamente con la Presidencia de la República.

 

La oficina deberá tener presencia a nivel central y en cada uno de las entidades federativas, con el fin de incorporar proyectos de organización, participación e intervención de tipo general (nacional) y de nivel estatal o subestatal.

 

Para cumplir sus funciones, la nueva oficina de organización, participación e intervención, deberá contar, por lo menos, con las siguientes unidades de operación:

- planeación y proyectos

- departamento jurídico,

- información, promoción y capacitación,

- organización de nivel territorial, social, económico y ambiental

- gestión y vinculación entre las organizaciones civiles e instituciones, así    como de las organizaciones con estados, municipios y comunidades

El presupuesto de la nueva oficina deberá ser incorporado y aprobado anualmente en el paquete del Presupuesto de egresos de la Federación.

 

1. Estrategia

 

La primara tarea consiste en reconocer que estamos en un momento de cambio de época, que los esquemas de acción de estatal “burocrática autoritaria”, como el de economía globalizada, con preponderancia absoluta del sector privada y del sector financiero en particular, se han agotado y han dejado un mundo con altos e insostenibles niveles de desigualdad, pobreza, violencia, destrucción ambiental y desconfianza hacia las instituciones.

Se requiere, entonces, de la voluntad política para crear patrones de organización innovadores, que reconozcan y aprecien la diversidad como una fuente de enriquecimiento civilizatorio, y no como algo que existe para ser destruido. El reconocimiento de lo diverso tiene como referente central a la sociedad, a las culturas y a los territorios, y, en ese sentido, iniciar un nuevo ciclo de desarrollo, es factible sólo si se  reconoce y acepta la diversidad de las personas y de los pueblos, y se promueve, de manera inmediata, la participación, solidaridad y equidad entre todos los actores de nuestra sociedad; eso supone otorgar y transferir poder a la sociedad,  construir instituciones con organización horizontal, redistribuir la riqueza generada en el país, y desarrollar un sector de economía popular, que permitirá dar empleo e ingreso digno, así como mayores niveles de bienestar a quienes más lo necesitan.

 

De ese reconocimiento y con esa voluntad es como se vuelve factible reconstruir y engrandecer a la nación, que tendrá que reinventarse creando o reconociendo, de manera primordial, a los sujetos sociales que hasta hoy han sido olvidados y despojados, dando voz, capacidades y poder a los que hasta ahora han sido dependientes económica y políticamente, para convertirlos en sujetos activos y decisorios en la historia presente y futura.

 

Preparar los diagnósticos y los proyectos de cambio, así como los instrumentos y el grupo de facilitadores que nos permitan organizar y movilizar a México constituye la parte preparatoria del proceso de cambio: la otra es remover la mentalidad de la clase política y la alta burocracia de este país, con el fin de reorganizar las instituciones y convertirlas en instrumentos apropiados para el arribo e intervención de una sociedad organizada que, junto con los activos existentes del sector privado, del sector público y del sistema educativo, permitirán sobrellevar y dar resultados en la larga travesía que nos espera.

 

Una vez creadas y estando en funcionamiento las nuevas instituciones, además de un campo de poder reconfigurado, será la sociedad en su conjunto la que creará el círculo virtuoso que requiere México para arribar a un nuevo estadio de democracia participativa, de desarrollo multisectorial y a una sociedad con sujetos capaces de crear diversas narrativas, y nuevas formas de formarse como sujetos con nuevas capacidades, libertad y poder de decisión.

 

 

 Carlos Sorroza Polo

 30 marzo de 2018

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Abel Alcántara Hidalgo. 

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